Según informaron a Servimedia fuentes del Grupo vasco, el PNV estima que la proposición de CiU tal vez requeriría una matización o individualización, porque, aun reconociendo que la idea es justa, no lo sería generalizar que todas las resoluciones judiciales que impiden a una persona con discapacidad psíquica ejercer el voto son erróneas.

Para el PNV, sería preferible que el texto abogara por "revisen" las limitaciones judiciales, mejor que eliminarlas, pero a la espera de que pueda negociar este matiz con el grupo proponente, los diputados vascos no prevén votar en contra.

La proposición, en caso de ser aprobada por la Comisión, instaría al Gobierno a "elaborar, en el periodo de seis meses, un proyecto de ley de reforma" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para que "se eliminen las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad" y se adapten "las competencias judiciales existentes en la materia para limitar el citado derecho".

La Loreg, en su artículo 3, apartado 1, declara que "carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".

Igualmente, priva del voto a "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".

A resultas de estas disposiciones, en España no pueden votar unas 80.000 personas, a quienes un juez ha declarado incapaces de ejercer su derecho de forma autónoma. Que estas personas puedan votar libremente es una vieja reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

RECOMENDACIÓN DE LA ONU

CiU recuerda en su texto que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, tras el examen al que sometió a España de acuerdo con el artículo 35 de la Convención de la ONU sobre esta materia, recomendó a España en septiembre de 2011 que corrigiera esta situación.

Dicho Comité declaró que le preocupaba "que se pueda restringir el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial" y que lamentaba "la falta de información sobre el rigor de las normas en materia de prueba, sobre los motivos requeridos y sobre los criterios aplicados por los jueces", así como que la privación del derecho "parezca ser la regla y no la excepción".

El Comité de Naciones Unidas recomendaba expresamente a España que cambiara el citado artículo 3 de la Loreg, precisando que "la modificación debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar".