El PP denunció la difusión por parte del PSOE de un listado de pago de cuotas de militantes del PP para mostrar que Luis Bárcenas las había pagado los años 2008, 2009 y 2011, y que el tesorero había cobrado sus retribuciones del partido entre los años 2008 y 2011.

El escrito difundido por el PSOE contenía los datos de otros trabajadores del PP, que no fueron iliminados ni borrados.

Entendía que esa difusión era constitutiva de un delito contra la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos, y pedía medidas cautelares dirigidas a la intervención de las informaciones publicadas con ese listado, y para evitar la reproducción de las mismas.

La instructora comparte el criterio del Ministerio Fiscal sobre "la atipicidad de los hechos demnunciados" y concluye que no concurre la apariencia de buen derecho exigible para la adopción de esas medidas cautelares.

Entiende que Bárcenas era el objeto de la información aunque no se hubieran eliminado los demás nombres, y que la voluntad del PSOE no era revelar datos que afectaran a la intimidad de esos trabajadores sino "documentar o ilustrar unos aspectos muy concretos" relacionados con el caso del ex tesorero del PP.

Cree además que la naturaleza y el contenido de los documentos difundidos no frustran el curso de la investigación policial o de las actuaciones judiciales.

Concluye, por todo ello, que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de ilícito penal, por lo que rechaza adoptar medidas cautelares y acuerda el archivo del caso.