Durante su participación en la citada tribuna informativa, organizada en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Tapia manifestó que Euskadi sufre ya una situación de discriminación energética por el nivel de tensión al que se conecta, lo que conlleva un coste adicional de hasta un 70% superior al de las empresas del entorno.

La consejera vasca adelantó que las modificaciones impuestas por la reforma energética están provocando en un 60% de las empresas vascas un incremento de la factura de alrededor de un 20%.

PETICIONES A MADRID

Igualmente, insistió en las peticiones que desde el Gobierno vasco se han realizado al Ministerio de Industria, que "todavía no han tenido respuesta" y que pasan por "dar seguridad retribuida a la confederación industrial, y establecer un sistema de interrumpibilidad más competitivo y abierto a toda la industria". A todo ello se une también la petición de que se analicen modelos europeos de exenciones o bonificaciones al consumo en sectores estratégicos para el país, como sucede en Francia o Alemania.

Arantza Tapia se mostró muy preocupada por el daño que esta reforma genera en las pymes, pero también le preocupa la repercusión que puedan tener las exigencias que esta reforma plantea a las eléctricas, como Iberdrola, Endesa o Gas Natural, que limita su capacidad de inversión en transporte y distribución de energía, o mejoras en la red, reducción de equipos en subestaciones, etc.

Además, continuó, redunda negativamente en la calidad del servicio y en el suministro de energía eléctrica y afecta directamente a empresas proveedoras de bienes de equipo eléctrico, muchas de ellas localizadas en Euskadi. Tapia cree que estas empresas sufrirán una reducción en sus contratos y, en consecuencia, en su capacidad de generar empleo.