Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual solicitaban una indemnización por importe de 105,2 millones de euros. El Gobierno ha considerado, por un lado, que “no existe vulneración del Derecho comunitario”, ya que el propio Tribunal de Justicia europeo ha considerado que los Estados miembros están facultados para modificar la forma, modalidades de financiación, percepción y cuantía, siempre que ésta última se calcule sobre el perjuicio causado.

Por otra parte, el Ejecutivo entiende que “no existe daño efectivo, sino un daño de carácter meramente hipotético, eventual o futuro y, por tanto, no indemnizable”, ya que la cuantía recogida en los Presupuestos Generales del Estado de 2012”, que asciende a cinco millones de euros, es una cantidad prevista como liquidación provisional.

A pesar del cambio en el sistema de compensación equitativa por copia privada, el "perjuicio efectivo" sigue siendo el parámetro para la fijación de la cuantía de la compensación y, aunque se prevea que esta cuantía debe fijarse dentro de los límites presupuestarios, es posible realizar modificaciones presupuestarias para asegurar que se adecue al perjuicio.