A este respecto, este informe, relativo al proyecto de real decreto por el que se modifica el reglamento del sector ferroviario como consecuencia de su adaptación a la directiva de servicios, señala que el objetivo de la liberalización del sector es que a través de la competencia mejoren los parámetros que definen la oferta, precio y servicio, lo que sólo puede darse con la entrada de nuevos operadores.

Para la CNC, las prioridades existentes actualmente para el acceso a la infraestructura ferroviaria establecida no favorecen esta entrada de nuevos operadores por lo que considera conveniente aprovechar la adaptación a la directiva para adoptar un enfoque ambicioso que permita eliminar en profundidad las restricciones a la competencia ya existentes que resulten injustificadas por ser innecesarias o desproporcionadas.

Según la normativa vigente, Renfe obtiene legalmente habilitación directa para operar, tiene asignada la capacidad de infraestructura necesaria para la prestación de sus servicios y puede obtener directamente la asignación de la capacidad necesaria para prestar nuevos servicios.

Además, el RSF amplía estos privilegios, que en la Ley se refieren únicamente a los servicios de transporte de mercancías, a los servicios de transporte de viajeros, señalando que, cuando el mercado de prestación de estos servicios se abra a la competencia “conservará el derecho a explotar la capacidad de red que entonces utilice efectivamente y podrá solicitar que se le asigne otra capacidad de red”.

Según la CNC, este tratamiento coloca a Renfe en una posición favorable para desarrollar estrategias de negocio que limiten el acceso a nuevos operadores, especialmente considerando otras características como su financiación pública, monopolizando los servicios que ya estuviera prestando y dificultando la prestación de nuevos servicios por otros operadores.

Por ello, desde la CNC se estima relevante que se establezcan mecanismos que limiten la capacidad del operador público de utilizar los recursos públicos indispensables para la provisión de servicios ferroviarios, de manera que no se ralentice innecesariamente el proceso de liberalización.

Por otro lado, la CNC pide la eliminación de barreras innecesarias al acceso a la actividad, tanto de pasajeros como de mercancías, por parte de nuevos operadores.

En lo relativo al transporte ferroviario, la CNC denuncia distintas barreras que pueden dificultar dicha entrada, tanto relativas a la ordenación jurídico-administrativa de la actividad como pueden ser la adjudicación de capacidad de infraestructura que determina el acceso a la red ferroviaria, o la obtención de la licencia de empresa ferroviaria.

La CNC denuncia que existe una clara preeminencia de criterios discrecionales o no relacionados con una verdadera fundamentación económica, mientras que, por ejemplo, la eficiencia del sistema queda relegada al último lugar.

Competencia observa también obstáculos de índole económica, por ejemplo las grandes inversiones que es necesario acometer para cumplir con la obligación de contar con el material rodante, los trenes necesarios para ofrecer un servicio.

Explica que en caso de no tener trenes en propiedad, la posibilidad de arrendarlos o subcontratarlos se ve a su vez limitada por la situación de monopolio que existía hasta ahora en el mercado español, y por las dificultades de movilidad de dichos activos. En el caso de España esta cuestión resulta aún más compleja debido a factores como la especificidad de las vías de ancho ibérico.