En la defensa de la ley, el diputado del PP Guillermo Mariscal, destacó que esta normativa favorece la Estabilidad financiera, la reducción de los costes de generación y el menor impacto posible en los consumidores.

Además, criticó a los diputados del PSOE y CC por rechazar en el Congreso enmiendas acordadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el Gobierno de canarias, formado por estas dos formaciones.

Entre los beneficios de la ley, Mariscal destacó que favorece el establecimiento de más operadores, lo que traerá mayor calidad del servicio, además de mejorar el suministro, en el caso de canarias con la instalación de dos regasificadoras y potenciando el bombeo.

Por su parte, la gran mayoría de los grupos parlamentarios rechazaron el proyecto. Junto al PSOE y CC, votaron en contra, entre otros, CiU, PNV, la Izquierda Plural, ERC y UPyD.

Algunas de las críticas de la oposición son que esta normativa supone una puerta abierta al ‘fracking’; que impide la implantación de un sistema basado en renovables; que trata de implantar el mismo modelo en regiones muy distintas como son Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; que supone una invasión competencial, o que ni aumenta la competencia, ni asegura el suministro.