Greenpeace responsabiliza al Gobierno de la indemnización que el Estado debe pagar por el almacén Castor si se cierra
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El responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Julio Barea, ha manifestado que la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso interpuesto por el Gobierno contra la cláusula que le obligaría a compensar económicamente a la entidad Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado 'Castor', en caso de tener que cerrar la planta situada frente a la costas de Castellón, es una prueba más de la "decisión errónea" que supuso autorizar esta infraestructura.
En declaraciones a Servimedia, Barea vio en la decisión del Tribunal Supremo un ejemplo de “la política energética que está llevando este país, que no sabemos bien hacia dónde está yendo”. “¿Necesitamos realmente ese depósito de gas, cuando las centrales térmicas de gas que tenemos en España prácticamente no se encienden más que unas poquísimas horas al día?”, se preguntó.
Para Barea, detrás de las decisiones como el almacenamiento de gas natural de Castor está “el interés de muchas empresas” y no “el bien común” o invertir en el desarrollo de “otras tecnologías”.
“Al final, los políticos miran por los intereses de unas pocas empresas, lo cual es un escándalo. Y la reforma energética, que está en el Congreso de los Diputados, es un ejemplo más de ello”, concluyó.
(SERVIMEDIA)
17 Oct 2013
MGR/gja