Indicó que en el caso de que la Comunidad de Madrid se adhiriese a esta fase del citado plan, "los proveedores cobrarían en diciembre, pero al no ser así, la Comunidad de Madrid podrá pagarles con anterioridad, siempre y cuando el Gobierno central autorice al Ejecutivo autonómico madrileño a financiarse directamente en los mercados".

Dijo que la decisión adoptada hoy por el Gobierno regional implica que no va a incluir ningún pago por este mecanismo en esta segunda subfase de la tercera fase del Plan de pago a Proveedores –la Comunidad sí se adhirió a la anterior fase para la cancelación de las obligaciones con proveedores anteriores al 31 de mayo de 2013-, y entiende que ya no hay problema alguno para que el Gobierno autorice el nuevo endeudamiento, pues no se duplicarán ni pagos ni endeudamientos, ni se sobrepasarán límites de deuda, al ir Madrid a colocarlo todo directamente al mercado.

Informó de que el pasado martes, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas explicó en un comunicado cual era la razón por la que no autorizaban el endeudamiento nuevo a las comunidades autónomas, arguyendo que estaba pendiente de evaluar el importe las facturas que se incluirían en el nuevo mecanismo de pago a proveedores, para restarlo del endeudamiento nuevo que el caso de la Comunidad de Madrid asciende a 689 millones de euros por el mayor déficit permitido para 2013, que ha pasado del 0,7% al 1,07%.

Consideró que “este cambio sustancial en las condiciones de endeudamiento vinculado al Plan de Pago a Proveedores (cuyo coste para financiarse a través de él también se desconoce) respecto a las anteriores fases, sin previo aviso, no contribuyen a aliviar o reducir el importe de los pagos pendientes en la Tesorería General de la Comunidad de Madrid y por tanto los proveedores no cobrarán antes con este mecanismo, bien al contrario comenzarían a cobrar a partir de diciembre, lo que provocaría un retraso también en el cobro a otros que llegasen después”.

Por ello, añadió, la Comunidad de Madrid vuelve a pedir la "autorización inmediata de todo el endeudamiento nuevo, que asciende a 689 millones de euros (0,37% del PIB), que se colocará de manera inminente y a buen precio y plazo de vencimiento, pues existe mucha demanda de inversores para financiar la deuda a bajo coste".

Señaló que de no hacerse así, el retraso en el pago a proveedores de la Administración regional "será responsabilidad del Gobierno de España".