Según una investigación de Amnistía en Andalucía, Madrid y Cataluña, en algunos de estos centros los menores sufren castigos corporales, aislamiento forzado, violaciones de su intimidad, medicación excesiva, malos tratos físicos y psíquicos e incluso abusos sexuales.

Estos abusos se cometen con total impunidad, denuncia Amnistía, ya que no existen vías rápidas y sencillas que permitan a los menores ni denunciar ni acceder a un abogado.

Además, tanto la Administración como las entidades privadas encargadas de estos centros dificultan la apertura de investigaciones independientes, asegura la ONG.

CAMPAÑA "ON LINE"

Por ello, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña "on line" en la que insta al presidente del Gobierno a impulsar una investigación urgente sobre las violaciones de los derechos humanos en centros de protección terapéuticos denunciadas por el Defensor del Pueblo estatal y el Defensor del Pueblo Andaluz, entre otras instituciones.

Asimismo, pide abordar una reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, para que la supervisión judicial deje de estar en el papel y pase a la práctica, y elaborar protocolos conjuntos entre el Gobierno y las comunidades autónomas a fin de contar, controlar y supervisar todos los centros de protección terapéuticos.

Según Amnistía, ONG, familiares y abogados han expresado su preocupación “por el alto número de menores que de protección pasan a custodia y de ahí a la cárcel”, lo que a su juicio indica un claro fallo en las políticas públicas.