En rueda de prensa, Rosell admitió que la "suma" que realizó el Ejecutivo "no fue del todo exacta" y apuntó que los datos que utiliza la patronal hablan de un fraude de entre 120.000 y 140.000 personas, lejos del más de medio millón apuntado por la vicepresidenta.

No obstante, sostuvo que lo fundamental es que el "porcentaje de irregularidad" en el cobro de estas prestaciones "es importante", por lo que instó a "olvidar las cifras" y centrarse en corregir el problema.