La iniciativa tendrá que superar el trámite en ponencia y comisión antes de pasar al pleno. Si resulta modificada con nuevas enmiendas, el texto volvería al Congreso para su aprobación final. Si el proyecto sale del Senado igual que entró estaría definitivamente aprobado el 20 de noviembre, fecha en la que está previsto votarla en la Cámara Alta.

Sin embargo, las probabilidades de que regrese al Congreso son altas si se tiene en cuenta que el PP, que cuenta con mayoría, ha presentado 32 enmiendas. Además, Entesa tiene 95, CiU ha registrado 38, el PNV 8 y el Grupo Mixto defenderá un total de 62 enmiendas.

El proyecto de Ley de Transparencia tendrá que superar también los vetos que piden la devolución del texto al Gobierno planteados por cuatro grupos que consideran insuficiente el planteamiento de la norma y ven improbable su cumplimiento y critican la falta de obligatoriedad de su cumplimiento.

En su conjunto IU, ICV, ERC y Amaiur entienden que esta norma no alcanza los estándares mínimos de calidad exigible a una norma que regula las medidas de transparencia y buen gobierno de las administraciones y denuncian que no consagra como derecho fundamental el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Organizaciones como la ONG Transparencia Internacional o las plataformas cívicas proyecto Avizor, proyecto Colibrí o Civio intentarán transmitir a los senadores su visión sobre la ley para mejorarle durante su trámite en el Senado.

Su objetivo es que el acceso a la información sea considerado un derecho fundamental, que no se excluya ningún tipo de información del alcance de la ley y que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder vinculante.

También abogan por que la norma establezca sanciones por el incumplimiento y que se elimine el silencio administrativo negativo porque la Administración siempre estará obligada a responder al ciudadano.

El pleno del Congreso aprobó el pasado 12 de septiembre la Ley de Transparencia con el apoyo del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y los votos en contra del PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai).