Así lo explicó este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que analizó un informe sobre el plan de lucha contra el fraude.

La vicepresidenta destacó que se trata de un “ambicioso” programa, “el más amplio de la historia reciente de nuestro país”. El balance es “muy positivo” en este elemento “clave” para el Ejecutivo, agregó.

Del total, 16.500 millones de euros correspondieron a ingresos por la lucha contra el fraude fiscal. Por otra parte, las acciones contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social han permitido ahorros de 6.152 millones.

A todo ello, destacó Saénz de Santamaría hay que sumar el impacto que tendrá el ensanchamiento de las bases imponibles en 40.000 millones como consecuencia del patrimonio aflorado por las declaraciones tributarias extraordinarias de los bienes situados en el exterior.

“Es un elemento distinto, que no computa en los ingresos pero va a tener un efecto fundamental en la recaudación de la Agencia Tributaria”, explicó.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado en este año y medio cerca de 700 operaciones en la lucha el fraude, que ha permitido detener o imputar a más de 3.000 personas.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

En el informe se hace referencia también al fraude relacionado con las prestaciones por desempleo. Las acciones de verificación y control en el cumplimiento de la normativa han permitido ahorrar 3.161 millones de euros en prestaciones.

Se han realizado más de dos millones y medio de actuaciones de control que han dado como resultado la sanción a 520.572 perceptores de prestaciones por desempleo.

La vicepresidenta dijo en la rueda de prensa que se trata “de personas que cobran prestación por desempleo y que, sin embargo, trabajan fraudulentamente, trabajan en B”.

Sin embargo, en la referencia del Consejo de Consejo de Ministros se explica que “la mayoría de estos perceptores han sido sancionados por el incumplimiento de requisitos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, así como la no renovación de demanda”.

Las sanciones a las que se enfrentan van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción.

Sobre esta materia, la vicepresidenta anunció que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social presentará en el primer trimestre de 2014 una nueva ley de infracciones y sanciones en el orden social que reforzará las medidas y las consecuencias derivadas de prestaciones indebidas o de la no aceptación de ofertas trabajo.

Sáenz de Santamaría recordó que en la actualidad, el parado que rechaza una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, por lo que se le suspende durante tres meses su prestación. Si vuelve a cometer esta infracción la suspensión dura seis meses y si lo hace por tercera vez se le retira definitivamente.

Por otra parte, se han realizado 35.761 inspecciones a empresas ficticias y se han recaudado 557 millones de euros en los últimos 18 meses.

Además, se han producido ahorros en otras prestaciones distintas a desempleo, como son fraudes en materia de incapacidad temporal, de complementos a mínimos o de jubilaciones parciales, que han permitido un ahorro de 408 millones de euros; o actuaciones para aflorar cantidades no declaradas a la Seguridad Social, por importe de 1.714 millones de euros.

CONTRABANDO

Desde el Gobierno quisieron destacar también el “esfuerzo” que se ha hecho en materia de contrabando de tabaco. En el año 2012 gracias a las acciones de la Agencia Tributaria se intervinieron 8,7 cajetillas de tabaco y en la primera mitad de 2013 van incautadas 3,9 millones.

Además, por primera vez, se ha intervenido una factoría clandestina de Tabaco, subrayó la vicepresidenta del Gobierno.

Respecto a las medidas de lucha contra el fraude fiscal, entre enero y junio se han cumplido en un 109% los objetivos previstos para este periodo.