La norma refuerza las garantías de abastecimiento de medicamentos e incluye la obligación del cumplimiento de las buenas prácticas de distribución dictadas por la Comisión Europea y regula nuevas figuras, como las entidades de intermediación de medicamentos, y extiende los requisitos de autorización a los almacenes de medicamentos bajo control o vigilancia aduanera.

Asimismo, también determina que ante problemas de suministro, se puede impedir la salida de medicamentos del territorio nacional por motivos de salud pública.