En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó que dicho recurso se produjo dentro del plazo de cuatro años con que cuenta el Gobierno para realizar este tipo de actuaciones.

A este respecto, indicó que se tomó esta decisión porque la Abogacía del Estado consideró que esa cláusula no estaba ajustada a derecho y era lesiva para el interés público.

En concreto, impugnó el artículo 14 de la concesión, que establece que en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria la empresa tendría derecho a recibir como indemnización el valor residual de la instalación.

Según lo revelado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el almacén Castor, de la empresa Escal (UTE de ACS y la canadiense CLP) tiene un coste de unos 1.700 millones de euros.

Para el Gobierno, según explicó Sáenz de Santamaría, “el principio de justicia impide reconocer compensación alguna cuando la extinción deriva de culpa grave o negligencia de la concesionaria”.

Por ello, el Ejecutivo espera que el fallo del Supremo declare Lesiva esa cláusula en base al interés público y la considere contraria a la ley.