El conocido como ‘Convenio de Estambul’ tiene por objeto regular, investigar y perseguir delitos contra la mujer -como acoso sexual, mutilación genital o matrimonio forzoso- y pretende proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia, promoviendo para ello la cooperación internacional.

De los 47 miembros firmantes, solo cuatro (Malta, Serbia, Polonia y España) han hecho algún tipo de reserva. En concreto, explica el CGAE, España ha decidido no perseguir a los autores de estos delitos cuando sean cometidos en otro país por extranjeros que tengan la residencia habitual en territorio español, lo que para el Consejo de la Abogacía representa un paso atrás en la persecución de los delitos de violencia sobre la mujer.

Por ejemplo, si un ciudadano extranjero residente en España acosa sexualmente a una mujer, la obliga a abortar o la somete a una mutilación genital en otro país y vuelve a España, el delito no sería perseguido en este país, pero sí podría ser condenado si reside en otro de los Estados europeos firmantes.

Por eso, los abogados están preocupados porque esta reserva podría convertir a España en refugio de personas que buscan impunidad. Según el Consejo, la única justificación que ofrece el Gobierno es la dificultad que en la práctica supone perseguir estos delitos.