El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación respondió a Picardo mediante un comunicado en el que insistió en que España "actúa siempre dentro de la más estricta legalidad, cumpliendo con su obligación".

En concreto, enumera como obligaciones las luchas "contra el contrabando y los tráficos ilícitos, las prácticas de blanqueo de dinero, las disposiciones fiscales que establecen distorsiones a la competencia en perjuicio de las empresas españolas y las agresiones al medio ambiente".

Exteriores recalcó que el Gobierno "está firmemente decidido a seguir cuantas recomendaciones formulen las instituciones europeas para garantizar el cumplimiento de estas leyes", y anunció que ha encargado al Representante Permanente de España ante Naciones Unidas que presente una carta al presidente de la IV Comisión instándole a adoptar "las medidas oportunas" contra Picardo.

Exteriores reveló también que ha enviado una queja a la Embajada del Reino Unido en Madrid, advirtiendo de que intervenciones como las de Picardo "dificultan la solución de los contenciosos pendientes sobre Gibraltar, precisamente en un momento en el que España y el Reino Unido se han mostrado dispuestos al diálogo".