Según informó la Policía, los arrestados llegaron a conseguir por este procedimiento más de 32.000 euros. Los investigados intentaban realizar cargos en las tarjetas de los clientes por importes superiores a 5.000 euros o les hacían rubricar contratos de mantenimiento por cinco años y simulaban firmar el certificado de la falsa inspección.

Los detenidos actuaban, principalmente, en los barrios de Puente y Villa de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Usera. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Judicial, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En el momento de la detención, los integrantes de este grupo trataban de cambiar la titularidad y la denominación legal de la empresa que usaban para sus actuaciones ilegales. También se habían trasladado de local para evitar ser descubiertos. Cinco de los integrantes del grupo, máximos responsables de la red, han ingresado en prisión provisional.

Los integrantes de la organización actuaban siempre de la misma manera, de manera que concertaban, primero, una cita por teléfono previamente para no levantar sospechas en las víctimas. Después acudían al domicilio seleccionado ataviados con un equipo, vestidos de uniforme y presentando la preceptiva acreditación.

AL CAJERO

Se aprovechaban del desconocimiento de las víctimas para exigirles precios abusivos por inspecciones de la instalación de gas que nunca llegaban a realizar, amenazándolos incluso con cortarles el suministro o llamar a la Policía en caso de negarse.

Los estafadores llegaron incluso a trasladar en sus propios vehículos a algunas de sus víctimas para que retirasen el importe de los cajeros. Además, aprovechaban la vulnerabilidad de los perjudicados, casi todas personas de edad avanzada que viven solas o con personas que están mucho tiempo ausentes, para cobrarles por el servicio precios abusivos, muy por encima de lo establecido en el mercado.

En algunos casos, los estafados que habían abonado el importe de las falsas inspecciones con tarjeta, denunciaron que también les habían intentado realizar cargos fraudulentos por importes superiores a 5.000 euros. En otros casos, la banda aprovechaba el descuido de las víctimas para sustraerles efectos de valor de las viviendas.

CABECILLA Y SU PAREJA

El titular de la empresa y su pareja sentimental, ambos detenidos, eran los encargados de dar las instrucciones a los empleados sobre cómo abordar a las víctimas para ganarse su confianza. El administrador de la empresa era el único autorizado para acceder a una cuenta bancaria a la cual intentaban transferir ilegalmente dinero de las víctimas. Por su parte, la pareja del cabecilla era secretaria de la misma y actuaba como segunda en la organización delictiva ante la ausencia del cabecilla.

En el momento de los arrestos, la organización criminal trataba de crear una nueva empresa para evitar ser descubiertos. A tal efecto, cambiaron la denominación legal de la compañía y se habían trasladado a otro local comercial.

Además los detenidos habían incorporado como nuevo fraude hacer firmar a las víctimas un contrato de mantenimiento que les unía a la nueva empresa por cinco años, creyendo éstas que lo que firmaban era la factura por los servicios prestados.