La organización hizo estas consideraciones con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra hoy, por lo cual hizo público un nuevo documento, titulado “No nos hace más seguros”, que pone de relieve la ausencia de pruebas que respalden que la afirmación de que la pena de muerte reduce los delitos graves.

La portavoz de Amnistía Internacional, Audrey Gaughran, señala a este respecto que “los políticos deben dejar de actuar para la galería y mostrar liderazgo en materia de seguridad pública. No existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio especial, pero sí existen perturbadores ejemplos de que se usa con fines políticos. Los políticos deberían dedicarse a buscar soluciones eficaces para atajar la delincuencia”.

Por ejemplo, el índice de asesinatos en la India se ha reducido un 23% en los últimos 10 años y no hubo ejecuciones entre 2004 y 2011, la tasa de homicidios en Canadá disminuyó en los años posteriores a la abolición de la pena de muerte en 1976 y un estudio reciente realizado en Trinidad y Tobago concluyó que no había ninguna correlación entre ejecuciones, encarcelamiento y delincuencia.

AI señala que una minoría de países ha reanudado o prevé reanudar las ejecuciones, “a menudo como reacción visceral a unos índices de delincuencia elevados o en aumento, o ante asesinatos especialmente atroces”.

En este sentido, desde agosto de 2012 volvieron las ejecuciones en Gambia, India, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Pakistán y, últimamente, en Vietnam, en tanto que recientes cambios legales en Papúa Nueva Guinea incluyen la posibilidad de que se pueda reanudar también en este país.

No obstante, Amnistía subraya que los países que llevan a cabo ejecuciones siguen siendo una pequeña minoría, pues 140 han abolido la pena capital en la ley o en la práctica.

Destaca que se ha demostrado que una actuación policial efectiva, unos sistemas de justicia penal operativos y las mejoras en la educación y en los niveles de empleo son clave para reducir los índices de delincuencia.

Amnistía indica que “los políticos suelen aducir el gran apoyo de la ciudadanía a la pena de muerte como justificación para su uso”, pero “las encuestas tienden a simplificar las complejidades de la opinión pública. Cuando se tienen en cuenta factores como el riesgo de una ejecución errónea y la parcialidad de los juicios, el apoyo público a la pena de muerte disminuye”.