Según el documento, el Gobierno considera "indiscutible que una Unión Europea con 27 estados miembros, 500 millones de habitantes y más de 250 regiones no puede desentenderse de las cuestiones ligadas a la realidad regional y local".

Por ello, ampliará la participación de las comunidades, que hasta ahora se limitaba a los consejos de ministros formales de las áreas de Agricultura y Pesca, Medio Ambiente; Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo; y Educación, Juventud y Cultura.

En otros puntos de la declaración, el Gobierno somete a la Conferencia de Presidentes las prioridades definidas por él para la Presidencia europea. A saber, una salida de la crisis basada en la creación de empleo de calidad, la educación, y la innovación y la lucha contra el cambio climático; la aplicación de Tratado de Lisboa; la igualdad entre el hombre y la mujer; y una política exterior basada en la paz, la no proliferación nuclear, la seguridad, los Objetivos del Milenio y el progreso en los derechos humanos.

Por su parte, la Conferencia de Presidentes, en caso de aprobar la declaración, se comprometería a adoptar los intrumentos derivados del Protocolo sobre los Principios de Subsidiariedad y Proporcionalidad del Tratado de Lisboa, especialmente la reforma de la ley que regula la Comisión Mixta para articular el llamado "sistema de alerta temprana".

Además, asumiría como objetivo prioritario el "refuerzo de la política de cohesión en el marco de la reforma de los fondos estructurales tras el año 2013", e instaría a la sociedad civil a participar a través de las instituciones y las organizaciones sociales en el impulso de los valores de la UE de "libertad, tolerancia, pluralidad y solidaridad".