El magistrado, en concreto, ha rechazado en un auto dictado hoy que las escuchas ordenadas por el antiguo instructor de la causa, el juez Baltasar Garzón, hayan contaminado el resto de la instrucción, según explicaron fuentes jurídicas.

Las defensas de varios de los acusados, entre ellos Luis Barcenas y Francisco Correa, sostenían que la nulidad de las grabaciones ordenadas por Garzón –que le acarrearon una condena a 11 años de inhabilitación- debía conllevar la anulación del resto de las diligencias practicadas durante cuatro años y medio de investigación.

Ruz, tras acudir a la jurisprudencia del Constitucional y el Supremo, concluye que no existe una “conexión de causalidad” entre las conversaciones intervenidas a Francisco Correa y Pablo Crespo en prisión y las diligencias que se pretenden anular.

El magistrado recuerda que las grabaciones anuladas “no se produjeron en el origen o momento inicial de la investigación, si no en un momento ulterior donde ya se habían acordado diligencias como intervenciones telefónicas, entradas y registros domiciliarios”. Ruz se refiere a que cuando Garzón ordenó las escuchas en prisión, en febrero de 2009, ya se había iniciado la investigación y se habían recabado numerosas pruebas, entre ellas el famoso ‘pen drive’ que contenía la supuesta contabilidad B de la trama de Correa.

RECHAZA LA NULIDAD

“Carece de todo fundamento y sustento la pretensión esgrimida por alguna de las partes de que sea declarada la nulidad de la totalidad de la instrucción”, señala el juez en su resolución antes de afirmar que “difícilmente podrá argumentarse la existencia de una relación o conexión de causalidad entre las intervenciones de las comunicaciones en prisión declaradas ilícitas y el amplio conjunto de diligencias y actuaciones practicadas en fecha anterior y posterior”.

El juez rechaza por lo tanto declarar la nulidad de las diligencias y señala que las únicas actuaciones que han sido apartadas de la causa han sido las grabaciones a Correa y Crespo y el resultado del registro que se realizó en sus celdas a consecuencias de estas intervenciones.

El auto dictado hoy por Ruz también sirve para la cerrar la pieza separada abierta en 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para analizar y resolver sobre la legalidad de las grabaciones acumuladas en la causa.

Las fuentes jurídicas consultadas explicaron que el cierre de esta pieza separada supone el inicio de la recta final de la investigación del ‘caso Gürtel’ y añadieron que el juez tiene la intención ir cerrando paulatinamente los diferentes ‘flecos’ de la instrucción.

GRABACIONES INICIALES

La Audiencia Nacional ya avaló el pasado mes de junio la legalidad de las grabaciones que destaparon la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’, realizadas por el exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas a Correa y a otros presuntos cabecillas de la trama.

Peñas, entonces concejal del PP en Majadahonda, grabó a escondidas durante meses, entre los años 2006 y 2007, las conversaciones de Correa y de otros presuntos cabecillas de la trama de corrupción, en las que se daban detalles de las operaciones de la red. El antiguo edil llevó estas grabaciones primero a la policía y posteriormente a la Fiscalía Anticorrupción, lo que a la postre dio lugar a la apertura, en febrero de 2009, de la investigación del ‘caso Gürtel’ por parte del juez Garzón.