En principio, PSM e IU rechazaron el dictamen de este proyecto, debatido esta mañana en la Comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea regional y que salió adelante con los votos a favor del PP.

El diputado de IU Antero Ruiz dijo que votó en contra porque el PP no aceptó ninguna de sus 15 enmiendas y explicó que su grupo votará en el mismo sentido en el próximo pleno parlamentario.

Afirmó que IU intentará mejorar algunos de los aspectos de este proyecto como el relativo a los vendedores ambulantes, aunque destacó que es “muy difícil que aprobemos algo que es una transposición de la Directiva Bolkestein de la UE".

“Mucho nos tememos que los desarrollos de la ley, cuando esté aprobada, irán en el sentido de la aprobada liberalización de los servicios sociales y demás servicios y eso va en contra de nuestra política en estos aspectos”, manifestó.

El diputado socialista Enrique Echegoyen, quien explicó que el PSM no enmendó a la totalidad este proyecto porque “creíamos que contenía aspectos positivos, sobre todo los referidos a la aplicación de la directiva de servicios europea”, dijo que “simplificar procedimientos y pasar de los silencios desestimatorios a estimatorios es positivo”.

No obstante, afirmó, después de que el PP votara en contra de la mayoría de sus 49 enmiendas, que lo más probable es que el PSM vote en contra de este proyecto.

Denunció las medidas liberalizadoras del PP, quien hoy mismo presentó 4 enmiendas a su propio texto en este sentido. Una de ellas, según Echegoyen, se refiere a la “regulación de la colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación y control en el ámbito urbanísticos.

Tras explicar que estas funciones la realizan ahora funcionarios públicos, echó en falta, en los procesos de liberalización, la potenciación de los regímenes de inspección.

El diputado popular Eduardo Oficialdegui explicó que en la comisión de esta mañana el PP no aceptó ninguna enmienda de IU y dijo que el punto relativo a la venta ambulante podría mejorar con la enmienda del PSM, que recibiría el apoyo de la coalición.

Informó que el texto se plantea que se renueven las licencias cada año y la enmienda de la oposición fija el plazo en cinco años. Otra de las enmiendas aceptadas por el PP se refiere a la necesidad de acreditación, en el sistema publico de servicios, para los centros financiados con fondos públicos.

Dijo que esta ley pretende liberalizar algunos aspectos del turismo, como las agencias de viaje o los guías de turismo, además de otros sectores; simplificar los trámites administrativos, eliminar la burocracia, agilizar la concesión de determinadas autorizaciones y sustituir, siempre que se pueda, la autorización por una comunicación previa.

Aseguró que esta ley puede ayudar a crear unos 20.000 empleos en la región y destacó que de los 122 preceptos sujetos al silencio administrativo, en más de la mitad han sido modificados los plazos o el sentido del silencio.