La declaración aprovada describe la pena de muerte como "un castigo cruel, inhumano y degradante, que además de conllevar serias violaciones de derechos humanos, carece de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial".

El texto recuerda que "España forma parte de una amplia coalición de estados que han promovido la aprobación las resoluciones de las Naciones Unidas en 2007, 2008, 2010 y 2012 sobre una moratoria mundial de la aplicación de la pena de muerte".

Para el Gobierno, el gran apoyo obtenido por estas resoluciones, con 111 votos a favor en la última resolución, la del 20 de diciembre de 2012, "confirma la tendencia internacional cada vez más generalizada contra la pena de muerte", ya que "150 países de los 193 estados miembros de Naciones Unidas han abolido la pena de muerte o han introducido una moratoria en las ejecuciones".