Según Gestha, es "insólito" que el Estado, con el déficit y el endeudamiento del Estado en niveles históricos, encargue a empresas privadas las auditorías de organismos estatales, con el ‘sobrecoste' que supone para las arcas públicas, máxime cuando el Ministerio de Economía y Hacienda cuenta con técnicos suficientes para realizar esta actividad y debería dar ejemplo de austeridad.

Por su parte, la Intervención General justifica la contratación de empresas privadas en la "insuficiencia de medios", como constató en una Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de mayo de 2005, cuando lo que en realidad pretende, según Gestha, es la privatización parcial de un servicio público.

Este colectivo considera que esta declaración de insuficiencia de medios se contradice con la "constante" y "progresiva" limitación que en los últimos tiempos están registrando en sus competencias y atribuciones los cerca de un millar de técnicos que actualmente trabajan en la Intervención General, de los cuales una buena parte se encuentran "infrautilizados".

Los técnicos de hacienda explican que esta contratación con empresas privadas de auditoría "no es una práctica nueva", sino que se ha convertido en los últimos años en una "práctica habitual" del Ministerio de Economía y Hacienda.

El colectivo de técnicos de hacienda confía en que esta semana salga adelante en el Senado una enmienda del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC, EUiA e ICV), por la cual se derogaría la autorización legal que la IGAE tiene actualmente para subcontratar estas auditorías públicas a empresas privadas.

En opinión de los técnicos de hacienda, la contratación de auditorías externas no reside tanto en la insuficiencia de medios como en la falta de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos de que disponen las Administraciones Públicas.