La Fadsp, que se felicitó también por que la objeción de conciencia se circunscriba a los profesionales que intervienen directamente en la interrupción del embarazo, apuntó que si se quiere asegurar la práctica de abortos en la sanidad pública, la futura norma deberá tener en cuenta una serie de aspectos muy concretos.

Así, para Defensa de la Sanidad Pública, nunca el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de un profesional sanitario puede perjudicar a la paciente, por lo que, dice, "sólo se podrá admitir cuando no suponga una limitación a la atención sanitaria obligatoria".

Además, continúa la Fadsp, los centros sanitarios públicos y los financiados públicamente que ofrezcan atención ginecológica deberán estar obligados a prescribir y a suministrar los servicios y prestaciones reconocidos por el servicio de salud.

Del mismo modo, para esta federación, los objetores deberán estar obligados "a remitir en forma oportuna a la mujer a un profesional no objetor dentro de la misma institución" y a no negar ni ocultar información sobre los derechos de la gestante en materia de interrupción de embarazo, "ni coartar su libertad para persuadirla de su decisión".

En cuanto a las instituciones, Defensa de la Sanidad Pública sostiene que habrán de garantizar un "número adecuado" de profesionales de la salud no objetores. Para ello, dice, deberán estar autorizados a promocionar la contratación de no objetores para los servicios en los que se realicen interrupciones de embarazos.

Y es que, la Fadsp está convencida de que si no se tienen en cuenta estas cuestiones, la ley puede acabar como sucede en la actualidad, es decir, "con la realización de la inmensa mayoría de las interrupciones de embarazos en el sector privado".