En un comunicado conjunto, el SUP y la UFP señalan que "el principal responsable del 'caso Haidar', por cometer una vulneración flagrante del derecho internacional, sin que hasta ahora se le haya exigido que rectifique con suficiente firmeza por los gobiernos democráticos, ha sido el Gobierno de Marruecos".

No obstante, estos sindicatos añaden que, tras esta decisión de las autoridades marroquíes, Haidar fue aceptada en España "en aplicación de la legalidad vigente", ya que tenía la tarjeta de residencia española.

No obstante, SUP y UFP reconocen que en la interpretación de esta normativa "existe disparidad de criterios incluso entre los policías que la aplican diariamente".

En todo caso, las organizaciones policiales insisten en que "la actuación de los policías de fronteras y de la cadena de mando se produjo cumpliendo la legalidad, como ha establecido un auto del juzgado contencioso-administrativo número 4 de Las Palmas".

Estos sindicatos aseguran que no les consta "ninguna presión ni intervención ajena a los criterios estrictamente profesionales en el caso", aunque añaden que, al ser un asunto relacionado con el derecho internacional, el Gobierno habría estado "legitimado" para tomar la decisión que estimara más oportuna.