En total, ha destinado 5.781 millones de euros, lo que se supone un incremento del 26,4% para la política industrial, cuyo “objetivo básico es el control y solución del déficit del sistema” energético.

Así consta en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 presentados este lunes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados.

Para el Gobierno, el objetivo de la política industrial es el fomento de una industria "fuerte, competitiva y generadora" de empleo. En el ámbito energético, el “objetivo básico” es el control y solución del déficit del sistema.

Estos objetivos se contemplan de modo singular en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Así, los recursos destinados a esta política se incrementan en un 26,4%, alcanzando los 5.781,59 millones de euros.

Es “especialmente reseñable”, dice el Ejecutivo, que la dotación destinada a financiar costes del sistema eléctrico se ha incrementado en 1.232 millones de euros, hasta un total de 4.154 millones. En esta cifra se incluyen el importe estimado de las nuevas figuras impositivas introducidas por la Ley 15/2012 (por importe de 2.907 millones), el 90% de la estimación de los ingresos previstos en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (344 millones) y el 50% de los extracostes generación eléctrica en los territorios insulares y extrapeninsulares (por un importe de 903 millones).

En el proyecto de ley, el Ejecutivo reconoce que los sistemas energéticos necesitan una “profunda reforma” que deberá sostenerse, entre otros, en la seguridad de suministro e interés general, la competitividad económica y rentabilidad razonable de las actividades, la protección al consumidor, “sin olvidar que el precio de la energía deberá reflejar los costes reales de la misma”, la sostenibilidad ambiental y eficiencia energética y la estabilidad regulatoria y equilibrio del sistema.

La consecución de estos objetivos en el sector eléctrico pasa, según los PGE, por ajustar los costes del sistema, sobre la base de un criterio de rentabilidad razonable, y por disponer de unos peajes de acceso suficientes para cubrir sus costes. Por tanto, resulta "imprescindible continuar" con las políticas de fomento del ahorro, la mejora de la eficiencia energética y el impulso a las energías renovables reconociendo su carácter estratégico y transversal.

En este sentido, para el Gobierno, resulta “necesario corregir las distorsiones existentes, introduciendo mecanismos más eficientes en la asignación del régimen económico, eliminando los riesgos especulativos así como la financiación de actividades ajenas a las actividades eléctricas con cargo a los consumidores eléctricos.

Además, la "elevada" tasa de dependencia energética exterior obliga a favorecer el aprovechamiento de las fuentes de energía autóctonas, tanto renovables como no renovables, como medio para avanzar en la independencia energética y en la seguridad del suministro.

En el sector de hidrocarburos, el Gobierno afirma que la política se centrará especialmente en la de mejora de la sostenibilidad del sistema gasista y en promover una mayor competencia en el mercado de carburantes a través de una transparencia total de los precios.