Así lo explicó en rueda de prensa el diputado y responsable de Comunicación Externa de la dirección federal de Izquierda Unida (IU), Ricardo Sixto, al término de la reunión que la delegación del a ONU mantuvo con la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

“Se nos ha instado a los diputados de los diversos grupos a tratar de incorporar en la reforma del Código Penal un delito concreto de desaparición forzada, algo que desde el grupo de La Izquierda Plural contemplamos como sumamente adecuado”, añadió Sixto.

Asimismo, explicó que el grupo de la ONU ha puesto de relieve los problemas y lagunas que la legislación española presenta con respecto a las desapariciones forzadas en la dictadura. “Se ha hablado de la Ley de Amnistía, de las carencias a la Ley de Memoria Histórica, de la falta de contemplación (de esta cuestión) en la Ley de Transparencia”, en cuanto a apertura de archivos e investigación se refiere, dijo.

Esta delegación de la ONU, añadió, ha destacado una serie de cuestiones “fundamentales”, como es “la reducción a cero en los Presupuestos Generales del Estado de las partidas destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas bajo la dictadura franquista”. “Es decir, la Ley de Memoria Histórica se mantiene pero la dotación económica fundamental para su implementación ha desaparecido”, señaló Sixto.

Otra de las constataciones llevadas a cabo por la ONU, agregó, es que la Ley de Memoria Histórica “no establece la obligación del Estado de proceder de oficio a buscar a las personas desaparecidas”, pues lo delega en otras instancias administrativas “y al final el resultado es que no hay ningún culpable, no hay ninguna investigación seria en marcha ahora mismo en la Justicia española respecto a los desaparecidos en la dictadura franquista”.

La ONU ha destacado además que “si bien España ha realizado una importante contribución al establecimiento y al desarrollo de la justicia universal”, la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –que establece el área de actuación de la jurisdicción española- “ ha supuesto una regresión en esta cuestión y España ahora mismo no se sitúa en la lucha por el establecimiento de una Justicia universal, sino al revés”.

El citado grupo de trabajo se encuentra de visita en España para analizar cómo aplica la Convención sobre Desapariciones Forzadas.