Los contratos investigados fueron adjudicados por la Comunidad de Madrid entre los años 2004 y 2006 a diferentes empresas de Correa para la celebración de actos como la firma de un convenio de vacunas contra la gripe, la primera piedra de la construcción de una decena de hospitales de la región o para el tercer aniversario de los atentados del 11S. Estos contratos solicitados no fueron entregados por la Comunidad de Madrid en los anteriores requerimientos del juez.

El instructor del ‘caso Gürtel’ ha acordado esta diligencia en el marco de la investigación de las adjudicaciones que el Gobierno regional concedió de forma presuntamente irregular a las empresas de la trama de corrupción. La Intervención General de la Administración del Estado, tras analizar 686 adjudicaciones de la Comunidad de Madrid por un importe total de 6.484.080 euros, determinó que en 104 casos se realizó un fraccionamiento de los contratos para que no superasen los 12.020 euros –límite legal- y no tener que sacarlos a concurso.

En el centro de esta trama de contratos irregulares estaría el imputado Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Ruz sostiene que desde el entorno de Correa “se habrían efectuado cuantiosos pagos” a López Viejo “como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid”.

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Los contratos de la Comunidad de Madrid forman parte de la batería de diligencias acordadas por Ruz en un auto dictado hoy. La resolución asegura que estas diligencias están dirigidas de "manera especial a impulsar, simplificar y permitir la próxima conclusión de la instrucción en curso".

Ruz, entre estas diligencias, ha dado cinco días de plazo a varios notarios para que le remitan copias de las escrituras de las operaciones de compraventas de participaciones de diferentes empresas de la trama de corrupción de Correa, como Pasadena Viajes o Special Events.

También ha pedido al Registro Mercantil de Madrid para que le remitan las inscripciones 11 sociedades investigadas. Sobre cuatro de estas empresas –Lobirel, Klober Aster, Elvinde Europea y Clásica Capital-, el juez pide a la delegación en Madrid de la agencia Tributaria “toda la información obrante en su base de datos referida a los años 2005 a 2009”.

Ruz ha también ha solicitado las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto del Patrimonio de la imputada Teresa Gabarra, mujer de Alberto López Viejo, entre los años 2004 y 2012. El juez ha dado además un plazo de cinco días a Gabarra para que le aporte la documentación que justifique “la procedencia de los fondos depositados en Suiza”.

También a la Agencia Tributaria que le aporte en el plazo de cinco días un informe sobre “los cobros presuntamente recibidos por el imputado Jesús Merino Delgado del entorno de Francisco Correa”.

El instructor del ‘caso Gürtel’ ha ordenado asimismo una prueba caligráfica a Isabel Jordán, administradora de varias de las empresas de Correa, para comprobar si es la autora de las firmas recogidas en varios documentos intervenidos en la sede de Easy Concept. El juez ha citado a Jordán para el próximo 9 de octubre para que se someta a esta prueba.

Ha citado a declarar en calidad de testigos a Enric Enrich Muls y Covadonga Estevez –ambos relacionados con las empresas investigadas-, así como a Joaquín Molpeceres Sánchez, quien avaló un préstamo de 1,6 millones de euros concedido a López Viejo. Estos tres testigos deberán comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 9 de octubre.