El magistrado quiere conocer de esta forma si Iglesias, imputada junto a su marido en el ‘caso Gürtel’, tiene otras cuentas bancarias más allá de las que ha declarado en el juzgado y que ya han sido bloqueadas.

Un total de 19 bancos han contestado ya a la Audiencia Nacional señalando que no tienen ninguna cuenta ni producto a nombre de la esposa del extesorero. A pesar de estas respuestas, la Asociación Española de Banca ha informado al juez Ruz de que “no todos los bancos inscritos en el Registro de Entidades del Banco de España forman parte de esta Asociación”.

El instructor de la Audiencia Nacional está realizando todas estas diligencias en el marco del proceso de embargo iniciado después de que Iglesias no hiciera frente a la fianza civil de seis millones de euros que le fue impuesta en julio pasado.

La propia Iglesias presentó a principios de septiembre un listado de bienes en la Audiencia Nacional para que fuesen embargados. Entre estos bienes destacan dos casas en Baqueira (Lleida), una vivienda en Marbella (Málaga), dos plazas de garaje en Madrid y un coche de marca Smart. Las viviendas y garajes han sido ya embargados mientras que el coche ha sido tasado en 3.600 euros.

Estos embargos y bloqueos, sin embargo, no son suficientes para cubrir la fianza de seis millones de euros, por lo que el Juzgado de la Audiencia Nacional ha decidido decretar “el embargo de los saldos de las cuentas bancarias a la vista de los que sea titular, así como de los depósitos bancarios, valores, cajas de seguridad, títulos, acciones o cualesquiera otros productos financieros que pueda mantener en las entidades financieras “.

La mujer del extesorero del PP se encuentra imputada en el ‘caso Gürtel’ por delitos contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF correspondiente a los años 2002, 2003 y 2006; estafa procesal en grado de tentativa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

El instructor del ‘caso Gürtel’ impuso por su parte a Bárcenas una fianza de responsabilidad civil de 43.250.000 euros con el objetivo de que el antiguo senador por Cantabria pueda devolver el dinero presuntamente defraudado y pagar las correspondientes multas en caso de ser condenado.