Anticorrupción ha decidió mantener su petición inicial contra Fabra. El Ministerio Público hará esta solicitud de pena en el juicio que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón iniciará el próximo 2 de octubre. Las tres primeras sesiones de la vista oral servirán para interrogar a Fabra y al resto de acusados.

El juicio tendrá lugar después de que el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo decidiese por unanimidad revocar la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de excluir el delito de cohecho del proceso abierto contra el expresidente de la Diputación de Castellón.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pedirá que se condene a Fabra a 15 años de inhabilitación y al pago de una multa de 1.980.000 euros.

El Ministerio Público pedirá asimismo seis años de cárcel para María Amparo Fernández Blanes, entonces esposa de Fabra, y cuatro años de prisión para el matrimonio formado por Vicente Vilar y Montserrat Vives, los empresarios que comercializaban los productos sanitarios.

El fiscal aseguraba en su escrito de calificación que en el año 1999 Vilar y su mujer se pusieron en contacto con Fabra para que, “valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación y de los contactos que tenía, intermediara y tratara de influir ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación en comercialización de productos fitosanitarios” elaborados por sus empresas.

Vilar era administrador único de la empresa Naranjax, mientras que su esposa era administradora única de la empresa Arcavi, dedicadas ambas a sintetizar productos fitosanitarios.

REUNIONES DE FABRA

Fabra, entre los años 1999 y 2002, mantuvo varias reuniones tanto con los responsables políticos como administrativos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, así como con determinados miembros del Congreso y del Senado.

En concreto, el 12 de julio de 1999 el presidente de la Diputación de Castellón se reunió con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el popular Jesús Posada, ahora presidente del Congreso, y con el por entonces secretario general de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa.

En el encuentro se trató “la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios” y se informó a Fabra sobre “el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes cursadas por las empresas de Vilar y Vives”.

PAGO DE LAS GESTIONES

El 18 de octubre de ese mismo año fue aprobada la licencia para la producción y comercialización del fitosanitario “Abamectina”, uno de los principales productos de las empresas de los acusados. Ante el éxito de las operaciones, Fabra, siempre según la Fiscalía, requirió a Vilar para que le pagara 25 millones de pesetas, dinero que el empresario finalmente abonó al presidente de la Diputación de Castellón.

En el mes de diciembre la sociedad Artemis, titular de los productos registrados por la empresa de Vilar y distribuidora exclusiva de los mismos, fue adquirida al 50 por ciento por Vives y por la exmujer de Fabra, María Amparo Fernández Blanes. Vilar fue nombrado administrador de la empresa, que no tenía ni actividad ni trabajadores.

Tras la constitución de Artemis, Fabra “continuó en su tarea de intermediación ante las autoridades políticas y administrativas a favor no ya sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa”.

El presidente provincial buscaba “una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción y comercialización”, llegando a mantener reuniones con el director del Gabinete de presidencia, Alfredo Timermans, y con la entonces ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos.

Por último, el 28 de abril de 2000, Fabra constituyó la sociedad Carmacas, de la que era administrador único. Según la Fiscalía, el presidente de la Diputación de Castellón utilizó esta empresa “para ocultar los pagos realizados por Vilar”.