En la carta, los diputados socialistas le dicen a Posada que entre sus funciones está la de "amparar a cada uno de los miembros y de los grupos parlamentarios de la Cámara para que puedan ejercer correctamente sus funciones constitucionales, y no impedir, sin razón jurídica que los sustente, la tramitación de iniciativas por inconvenientes que resulten para el Gobierno y para que el grupo político al que usted pertenece".

"Hurtar el derecho a debatir asuntos e iniciativas a los grupos parlamentarios, no sólo perjudica a dichos grupos, sino también a los millones de ciudadanos a los que sus diputados y diputadas representan", indica el escrito.

En la carta piden al presidente de la Cámara que reconsidere "una decisión que deslegitima la magistratura que ostenta y produce un daño irreparable a la institución que preside".