En el escrito, el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara pide a la Mesa que la incluya en el orden del día del próximo Pleno y rebate que sea una moción de censura encubierta, como alegó dicho órgano para tumbar la iniciativa.

La Izquierda Plural sostiene que el Reglamento del Congreso de los Diputados “no regula ningún requisito de admisibilidad ni establece límites materiales en la presentación de la moción”.

“Por la propia naturaleza de la iniciativa parlamentaria, únicamente parece exigible que haya una conexión con el debate derivado de la interpelación que antecede a la presentación de la moción. Es decir, en todo caso, las cuestiones planteadas en la moción deberían tener vinculación con el debate de la interpelación”, agrega el escrito de La Izquierda Plural.

Y “precisamente”, apunta el grupo de Cayo Lara, el objeto de la moción que rechazó la Mesa “no es otro que la Cámara se pronuncie y adopte los acuerdos que se consideren oportunos sobre las cuestiones planteadas en el debate de la interpelación”.

Además, reprocha que la mesa adopte su acuerdo “sin la más mínima motivación”.

“Nuevamente la Mesa vuelve a establecer un filtro previo a las iniciativas parlamentarias a través de un juicio de valor o de oportunidad política que ejerce la mayoría de la mesa que se corresponde con la mayoría parlamentaria y que en la práctica es un bloqueo sistemático”, afirma el escrito.

Para la Izquierda Plural, “en el presente caso, la mesa emite un juicio de valor arbitrario y partidista al considerar que la moción presentada [...] se trata de una moción encubierta”. “Ninguna de las cuestiones planteadas persigue como finalidad exigir responsabilidad política del Gobierno, objeto de la moción de censura”, apunta el texto.

NO HAY RAZONES

“No hay razones que justifiquen la consideración de ‘moción de censura encubierta’”, insiste el texto. “Por el contrario, los apartados 1, 2 y 3 están relacionados con la regeneración democrática [...] y el apartado 4 hace referencia a algunas medidas para la lucha contra la corrupción”, explica.

Para La Izquierda Plural, el acuerdo de la Mesa inadmitiendo la moción “se justifica únicamente por motivos de oportunidad política, atribuyendo una intencionalidad a dicha iniciativa que no se atisba en ninguno de sus apartados”.

“Es una valoración subjetiva, arbitraria, carente de la más mínima motivación y sin precedentes en la Cámara que supone una vulneración del derecho fundamental de los parlamentarios recogidos en el artículo 23.2 de la Constitución”.

Dicho artículo de la Carta Magna establece que los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

LA MOCIÓN

La moción de La Izquierda Plural tumbada por la Mesa busca que el Congreso de los Diputados manifieste su rechazo al comportamiento del presidente del Gobierno durante su comparecencia celebrada en el Senado el pasado 1 de agosto, al quedar en entredicho las manifestaciones vertidas en sede parlamentaria sobre su relación con Luis Bárcenas, extesorero del PP y la supuesta trama de financiación ilegal de su partido”.

La iniciativa quiere que la Cámara Baja apruebe que “la Ponencia de la Comisión de Reglamento presente una propuesta de reforma del mismo antes de la finalización del presente periodo de sesiones”.

Asimismo, busca que el Congreso apruebe constituir “una comisión de investigación que tenga por objeto el estudio de la financiación de los partidos políticos, así como los casos de financiación irregular o ilegal, con la finalidad de mejorar los mecanismos de fiscalización”.

Otro de los puntos de la moción insta al Gobierno “a que en el futuro plan de lucha contra la corrupción que pudiera presentar” incluya medidas relativas a la persecución de este tipo de delitos, así como otras para la prevención y lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales.

Asimismo, reclama medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas, una reforma del régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, medidas para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas públicas y la responsabilidad que pudiera derivarse, y también una reforma del Tribunal de Cuentas.

Una reglamentación de los lobbies o grupos de presión, la regulación de las campañas electorales y una reforma de la financiación de los partidos políticos son otras de las medidas que propone la Izquierda Plural en su moción .