En el Pleno del Congreso, Guindos explicará la norma en la que se contempla la concesión a las empresas del denominado 'pasaporte único', mediante el cual una empresa que tenga autorización para operar en una comunidad autónoma podrá operar en cualquier parte de España.

Pese a que los grupos han presentado un total de nuevas enmiendas a la totalidad a la norma mediante las que solicitan su “devolución” y que el Ejecutivo realice una nueva, la mayoría parlamentaria popular permitiría que la ley continuase su tramitación por la vía de urgencia.

La posición contraria de los grupos incluye la de aquellos que consideran que la ley invade competencias autonómicas, que se trata de una norma recentralizadora que impone una autorización única.

Desde el Gobierno se defiende que la ley podría suponer el incremento 1,52% del PIB en diez años por la actividad económica que generará, unos 1.500 millones anuales.

Además, en paralelo a esta norma, Economía trabaja en el desarrollo de una racionalización normativa porque hay cerca de 6.000 normas que, en 28 sectores, tienen impacto en la economía y se podrían ver afectadas por la nueva legislación. Se estudiarán y se impulsarán propuestas para reducir esta cantidad de normas.

Durante la elaboración de la ley, el Gobierno aseguró que había consultado a las comunidades y que Cataluña y Andalucía presentaron algunas objeciones a la norma pero que fueron contestadas por el Consejo de Estado.

Sostienen desde el Ejecutivo que el Consejo de Estado dijo en su informe que no existía “ningún tipo de problemas (de competencias) más allá de choque de puntos de vistas”.

Economía afirma que la norma se hizo partiendo del principio de confianza mutua y que la ley “consagra al 100%” las competencias de las comunidades, si bien remarca que "no se ha optado por la vía de la armonización ni de la recentralización sino de cooperación”.