La iniciativa, transaccionada y aprobada por unanimidad en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, pide al Ejecutivo que siga impulsando medidas frente a las deudas contraídas por las administraciones públicas con las entidades del Tercer Sector “y en concreto, a que conforme al artículo 12.1 del Real Decreto 8/2013, desarrolle el procedimiento más inmediato a las obligaciones pendientes de pago referidas a los convenios suscritos en materia de Servicios Sociales, los convenios de colaboración, así como las transferencias a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y con fines sociales”.

En su defensa de la propuesta, el diputado de UPyD Tony Cantó reconoció que, en buena medida, el Gobierno “se ha adelantado” a sus peticiones, si bien añadió que “queda un elemento problemático” y es que las CCAA se acojan al mecanismo ya existente para saldar las deudas públicas con las organizaciones sin ánimo de lucro.

De ahí, prosiguió, la necesidad de que las comunidades autónomas tengan la obligación, como los ayuntamientos, de acogerse a esta forma de pago y saldar sus deudas también con las Organizaciones No Gubernamentales.

Aunque la proposición contó con el apoyo del Grupo Socialista, su diputada María del Puerto Gallego aprovechó su turno de palabra para exigir al Gobierno que “con la misma rapidez que aprueba decretos, mejore la situación del tercer sector.