La iniciativa, aprobada por 24 votos a favor, 14 en contra y una abstención en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, pide al Ejecutivo, concretamente, que fortalezca “las redes de apoyo a mujeres que hayan recibido un diagnóstico positivo de síndrome de Down o de otras anomalías diagnosticadas en el periodo prenatal”.

Del mismo modo, el texto insta al Gobierno a proporcionar a estas mismas mujeres “información actualizada sobre las distintas expectativas del desarrollo físico, educativo y psicosocial del niño” que esperan.

Y es que, recordó Javier Puente, del PP, durante la exposición de la propuesta, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las anomalías congénitas, también llamadas defectos de nacimiento, afectan aproximadamente a uno de cada 33 lactantes y causan 3,2 millones de discapacidades al año.

Asimismo, prosiguió el diputado, fuentes de la misma institución, afirman que el síndrome de Down es uno de los trastornos congénitos graves más frecuentes y la principal causa de discapacidad intelectual.

En España, apuntó el representante popular, son más de 34.000 personas las que presentan síndrome de Down y su incidencia es de un caso por cada 800 nacimientos, con independencia del origen étnico, del sexo o de las condiciones socioeconómicas de la persona, según cifras de la Federación Española de Síndrome de Down.

La proposición no de ley contó con el apoyo de UPyD, que aunque consideró que deberían mejorarse algunos de sus términos, sí la respaldó, pero no con el de los socialistas ni con el de La Izquierda Plural, que sostuvieron que tiene un “sesgo ideológico”.

Además de este “sesgo”, apuntado por Laura Seara y Ascensión de las Heras, representantes del PSOE y de La Izquierda Plural, respectivamente, los grupos oponentes como el Socialista argumentaron que lo que pide la proposición está ya recogido en la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y que, además, se cumple.