Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social explicaron este lunes que todo apunta a que el incremento de las pensiones para el próximo año aplicando la nueva fórmula diseñada por el Ejecutivo será del 0,25%.

No obstante, el Ejecutivo abre la puerta a la posibilidad de que la cifra pueda superar ligeramente el cuarto de punto. “Igual algo se puede hacer, pero no obramos milagros”, apunta el Departamento, que añade que “no hay mucho margen para operar este año”.

En este sentido, el Ministerio explica que, de cara a los próximos años, es necesario “actuar desde diferentes frentes” para lograr que la subida de las pensiones se acerque a la evolución de los precios, e incluso subrayaron que también se debe “operar sobre el IPC”. “Todo tiene que ir en esa dirección” de moderar el incremento de los precios, señala.

Por otro lado, la fórmula propuesta por el Gobierno no excluye que la subida de las prestaciones para algunos colectivos, como las pensiones mínimas, pueda ser superior a la del resto, siempre y cuando la media sea la fijada por la fórmula de revalorización y el aumento se sitúe en todos los casos entre el límite mínimo (0,25%) y el máximo (IPC+0,25%).

Sin embargo, en el caso de que la fórmula establezca una revalorización mínima del 0,25%, todas las pensiones deberán subir esa cuantía.

En este sentido, desde Empleo explican que para que la subida sea del 0,25% se debe dar una situación en la que “todo vaya mal y todo esté deprimido”, y en la que el Gobierno “no actúe”.

Así, apuntaron que se puede operar sobre los distintos parámetros de la fórmula para lograr que esa revalorización sea mayor, como incrementar los ingresos, reducir los gastos o disminuir el déficit.

Para el Ejecutivo, este modelo permitirá que el debate se centre en la adopción de medidas que mejoren la sostenibilidad del sistema, por lo que asegura estar “abierto” a estudiar cualquier propuesta.

Una de las posibilidades sería la de variar las cotizaciones, algo que el Ejecutivo ya ha hecho este año con un incremento de cinco puntos en la base máxima de cotización que supondrá unos ingresos adicionales de algo más de 600 millones de euros.

Otra opción sería reformar las pensiones de muerte y supervivencia, como las de viudedad u orfandad, que suponen unos 20.000 millones de euros anuales. El Gobierno está dispuesto a abrir el debate para revisar estas prestaciones siempre y cuando sea una reforma “con tiempo y en un espacio dilatado de tiempo”, y sin afectar a los actuales beneficiarios.

El Ejecutivo también está dispuesto a valorar otras opciones como revisar las aportaciones de los distintos regímenes de la Seguridad Social, la financiación de algunas prestaciones que se cubren con cotizaciones o estudiar algunos elementos que están excluidos de cotización, como las remuneraciones en especie que tienen algunos asalariados, que tributan pero no aportan al sistema.