Así lo asegura la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto hecho público hoy en el que rechaza rebajar la fianza de 500.000 euros impuesta por el juez Baltasar Garzón a Casamitjana, quien está imputado en el caso por los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal y asociación ilícita.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la magistrada Ángela Murillo, respalda con su resolución la actuación de Garzón. En concreto, señala que la fianza impuesta al empresario fue “adecuada, cabal y ponderada”.

Los magistrados destacan en el escrito que Casamitjana se dedicaba a desarrollar a través de sus empresas “actividades tendentes a lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, al cobro de comisiones ilegales, al fraude a la hacienda y al tráfico de influencias, aprovechando los cargos institucionales y los contactos políticos y empresariales”.

Fruto de estas actividades ilegales el empresario tiene “una importante cantidad cercana a los 300.000 euros fuera de España, concretamente en Andorra”, un dinero “que no ha sido declarado a Hacienda”, señala el escrito de la Sala de lo Penal. Durante su declaración ante Garzón, que tuvo lugar el pasado 30 de octubre, el imputado negó tener ningún dinero evadido fuera de España.

Los magistrados indican además que Casamitjana, como administrador y principal dueño de las entidades Espais Promocions Inmobiliaries y Promotora Catalunya Mediterránea, compró un solar recalificado en el puerto deportivo de Badalona, “en cuya adquisición supuestamente mediaron abonos irregulares a otros miembros de la trama, que recibieron también comisiones”.

RIESGO DE FUGA

A la hora de ratificar la fianza de 500.000 euros impuesta por Garzón, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal destaca el riesgo de que Casamitjana se fugue de España aprovechando los contactos que tiene con personas que podrían facilitar su huída.

Los magistrados subrayan además el riego de que el empresario vuelva a delinquir o intente destruir pruebas para interferir en las investigaciones. El auto también resalta la gravedad de los delitos que se le imputan, por los que podría ser condenado hasta a 24 años de prisión.

La Sección Cuarta deberá en los próximos días decidir sobre los recursos presentados por los dos principales imputados en la trama de corrupción, el empresario y presunto cerebro, Luis García, y ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartomeu Muñóz, del PSC. Ambos recurrieron ante la Sala de lo Penal la decisión de Garzón de enviarles a prisión.

Los únicos imputados que han abandonado la cárcel son Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, los dos ex altos cargos de Jordi Pujol en la Generalitat de Cataluña, a quienes Garzón sustituyó la prisión preventiva por una fianza de un millón de euros a cada uno, así como el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, a quien se le impuso una fianza de 200.000 euros.