Tras explicar a Servimedia que este “proyecto pernicioso” afecta a los municipios de Galapagar, Colmenarejo, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Quijorna, Villaviciosa de Odón, Arroyomolinos, Móstoles y Moraleja de Enmedio, destacó que la Comunidad de Madrid “tiene que tener en cuenta que se han recogido de momento casi 4.000 firmas de apoyo a la citada paralización.

Señaló que los vecinos rechazan este proyecto debido a que esta instalación “puede tener un gran impacto ambiental sobre la flora y fauna de los citados municipios, a la vez que una parte importante del trazado pasaría por el Parque Regional del Guadarrama, declarado por el Gobierno regional zona de máxima protección ambiental”.

Informó de que corresponde a las comunidades autónomas la elaboración de las previsiones energéticas y dijo que el Gobierno central se encarga de aprobar la planificación tomando como base el escenario macroeconómico actual y las previsiones de demandas, circunstancias que, a su juicio, no se dan en esta instalación, puesto que el origen de este proyecto es de 2005.

Asimismo, la portavoz del PSM del Ayuntamiento de Colmenarejo, Macarena Elvira, dijo a Servimedia que su municipio, es el más afectado porque si se aprueba el proyecto, “la línea de alta tensión de 400 Kv y de doble circuito, atravesará todo el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama con las consecuencias que ello tiene”.

“Toda la corporación, gobernada por el PP, rechaza está este proyecto y hay una gran movilización vecinal al respecto”, señaló Elvira, quien dijo que “hemos presentado numerosas alegaciones”.

Denunció la “opacidad” e “irregularidades” del Gobierno regional y los ayuntamientos de los pueblos afectados por esta línea de alta tensión.

Dijo que no se puede aprobar ningún proyecto hasta que no se realice la nueva planificación energética y destacó que en este momento están paralizadas y suspendidas todas las autorizaciones administrativas, lo que supone que el Consejo de Ministros no puede dar ninguna autorización administrativa de instalación.

“Este proyecto está acogido a la planificación anterior, que está suspendida, y creemos que es ilegal y lo más peligroso de todo es que no entendemos como son capaces de sacar a información pública un proyecto de esta envergadura sabiendo que no se pueden dar autorizaciones administrativas”, manifestó.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Quijorna, Azucena Concejo, informó de que “en nuestro pueblo, de poco más de 3.000 habitantes, ya hemos recogido 650 firmas de rechazo a este proyecto”.

“Exigimos la inmediata paralización de un proyecto ilegal”, lleno de irregularidades y fuera de toda planificación objetiva, señaló a Servimedia la citada edil, quien denunció “el despiste de la alcaldesa del PP, ya que inicialmente no apoyó nuestro rechazo pero ahora no lo tiene claro”.