Según informó el Ministerio del Interior, la destrucción de esta droga ha sido supervisada por la “comisión nacional de seguimiento” que se constituyó para hacer un seguimiento del acuerdo oficial que propiciaba la destrucción de la droga incautada.

En concreto, este acuerdo fue suscrito por el CGPJ; la Fiscalía General del Estado; el Ministerio de Justicia; el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; el Ministerio del Interior; y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Esto ha permitido que hasta el 31 de julio se hayan destruido 465.950 kilos de drogas que permanecían en depósitos policiales, lo que supone el 72,25% del total de droga incautada y almacenada en España en este tiempo.

CADENA DE CUSTODIA

Interior destacó que, por organismos, las Fuerzas de Seguridad, a través del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), han procedido a la destrucción directa de 321.400 kilogramos de droga en estos seis meses transcurridos.

A su vez, en las Unidades de Recepción, Custodia y Destrucción de las Áreas de Sanidad y Política Social de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se han destruido un total de 141.868,872 kilogramos de estupefaciente. A su vez, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que trabaja únicamente sobre muestras, se han destruido 2. 681 kilogramos.

El protocolo de colaboración interministerial y judicial que regula la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas sistematiza la colaboración de todas las autoridades que intervienen y establece procesos estandarizados.

Esto incluye desde la incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, su análisis y reserva de muestras, hasta su destrucción final. El acuerdo que propicia la destrucción de droga garantiza la cadena de custodia de los alijos y agiliza la destrucción de la droga en el plazo de semanas, con la conservación de muestras como pruebas para el juicio.

“GUÍA PRÁCTICA”

Cada mes, la comisión de seguimiento del acuerdo, integrada por las instituciones firmantes, ha mantenido reuniones para poner en marcha el contenido del protocolo y resolver los problemas detectados, con el fin de garantizar la destrucción de la droga que se incauta en el transcurso de pocas semanas.

Todos los profesionales implicados se rigen en estos momentos por una “Guía práctica”, en la que se establecen criterios homogéneos de actuación y se garantiza la cadena de custodia.

Al mismo tiempo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, técnicos, instituciones y autoridad judicial, comparten e intercambian información sobre los pasos que se adoptan en relación con la custodia y destrucción de la droga, a través de las Comisiones provinciales creadas al efecto, la Policía Judicial, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y las direcciones insulares.

La comisión de seguimiento del acuerdo está trabajando para que, en breve plazo, aumente el número de puntos autorizados de destrucción de la droga con el fin de que pase de un único centro en toda España a cinco.

MENOS DEPÓSITOS

Paralelamente, se está evaluando la reducción a la mitad los puntos de depósito de la droga incautada, reforzándose las medidas de seguridad de las instalaciones.

Este protocolo es, sin duda, un referente de colaboración entre los poderes del Estado para resolver, de manera decidida y eficaz, los problemas de seguridad y salud pública derivados del tráfico ilegal de drogas y su almacenamiento, cuestiones que preocupan tanto a los ciudadanos como a las instituciones del Estado.

Las instituciones firmantes acuerdo expresan su reconocimiento a los juzgados y tribunales, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, técnicos, laboratorios y resto de especialistas implicados en los trabajos de custodia y destrucción de droga por el esfuerzo realizado y cuya labor ha sido imprescindible para garantizar la implantación de este protocolo.