La citada resolución se basa en fundamentos de derecho contemplados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que fueron refrendados recientemente por el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, informa el Gobierno regional.

En concreto, los argumentos que esgrime la Administración regional para resolver la concesión son la “demora” en el cumplimiento de los plazos establecidos para poner el aeropuerto en marcha, así como la “renuncia unilateral” a la ejecución del contrato, todo ello imputable a la empresa concesionaria.

La decisión aprobada este viernes por el Gobierno regional “supone un paso más en el procedimiento administrativo iniciado con la finalidad de asegurar la puesta en funcionamiento de esta infraestructura aeroportuaria en cumplimiento de una aspiración demandada por la sociedad de la Región de Murcia”, señala el Ejecutivo murciano.