Según informó el Gobierno, este proyecto busca incluir en la legislación “los nuevos compromisos adquiridos por España al adoptar la convención sobre municiones en racimo, y el protocolo sobre restos explosivos de guerra de la convención sobre ciertas armas convencionales”.

La modificación que tramitarán las Cortes “afecta a prácticamente la totalidad de la mencionada ley, pues tiene por objetivo actualizar todo su articulado e incorporar en él referencias a las municiones en racimo y los restos explosivos de guerra, de acuerdo con las nuevas obligaciones asumidas por España al adoptar los instrumentos internacionales citados”.

La Convención sobre las Municiones en Racimo, relativa a la prohibición del empleo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de estas armas, fue aprobada el 30 de mayo de 2008. El instrumento de ratificación por parte de España fue depositado el 8 de junio de 2009.

“SE SALVARÁN VIDAS”

El Ejecutivo destacó que “la aprobación de esta Convención supone un hito histórico, ya que mediante su aplicación se evitará que las personas civiles padezcan más sufrimientos, pues su finalidad es velar por que estas armas no vuelvan jamás a emplearse y se destruyan decenas de millones de submuniciones en racimo”.

Según el Gobierno, “ello redundará directamente en beneficio de las comunidades, potenciará la labor de limpieza de las zonas donde están dispersas las municiones en racimo utilizadas sin haber explosionado, gracias a lo cual se salvarán vidas”.

Además, así “se podrá volver a utilizar terrenos con fines agrícolas y demás usos productivos”. Asimismo, también se beneficiarán las víctimas de las municiones en racimo, dado que el compromiso será mayor en el ámbito de la atención médica y la rehabilitación física y socioeconómica.

Tras haber destruido ya las municiones en racimo de las Fuerzas Armadas españolas, con la modificación de la ley de 1998 España se incorporará al grupo de Estados que se hallan a la cabeza de la comunidad internacional en la aplicación de la Convención.