La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior a la reunión gubernamental, indicó que esta norma, que actualiza la anterior de 2003, supone un paso más en el plan de reformas del Gobierno.

La norma, según la vicepresidenta, es un marco jurídico y técnico para que los operadores tengan mayores facilidades para el despliegue de redes y prestaciones de servicios, generará mejores ofertas para los ciudadanos y empresas. Así como mayores ofertas, menores precios y más cobertura y avances innovadores y mayor calidad. Además de dotar el sector de mayor seguridad jurídica

Por su parte, el titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, destacó que esta era una norma “muy necesaria” porque hace ya 10 años desde la última ley y el mundo de las telecomunicaciones actual con el de entonces tiene “ya poco que ver”.

Soria remarcó que se busca dar con la ley un impulso a la competencia, a la unidad de mercado, reducir cargas administrativas y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.

Asimismo resaltó que la ley ahondará en la mejora del despliegue de redes, en hacer los precios más asequibles para los consumidores y condiciones más efectivas de competencia.

La norma, según Industria, simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias.

Los objetivos de la ley se centran en facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura; y mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia.

COOKIES

Por otra parte, la nueva ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la norma de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico introduciendo precisiones sobre las cookies.

En este apartado, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión, como por ejemplo las redes publicitarias o agencias que no hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.

El texto cambia a su vez la ley de firma electrónica de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de 5 años, y no de 2 años como hasta ahora.