Galván se encuentra en prisión en España desde su detención, el pasado 5 de agosto, tras haber sido anulado por un error administrativo de Marruecos el indulto que le había sido concedido y le había permitido salir de la prisión marroquí en la que cumplía prisión por delitos de pederastia.

La situación generada por aquel indulto condujo a una reunión entre representantes de ambos países, celebrada en Madrid el pasado 6 de agosto, en la que se acordó que las autoridades marroquíes deberían solicitar formalmente la extradición para el cumplimiento de la condena restante.

Si la petición de extradición prospera, las autoridades del país magrebí se comprometen a trasladar a Daniel Galván a España para el cumplimiento del resto de la pena impuesta por Marruecos, puesto que se trata de un ciudadano español, en aplicación de un convenio vigente entre ambos Estados.

Igualmente, si la Audiencia Nacional considera imposible la extradición de Galván dada su condición de nacional español, la solicitud remitida por Marruecos incluye otras peticiones subsidiarias: el traslado a España para que termine de cumplir su condena en un centro español o bien solicitar la iniciación de actuaciones judiciales en España para que sea la Justicia española la que proceda judicialmente contra él por los hechos cometidos en Marruecos y que dieron lugar a la condena impuesta.