Según el secretario confederal de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, la propuesta del Gobierno se limita a establecer dos instrumentos (Factor de Sostenibilidad e Índice de Revalorización de Pensiones) que centran exclusivamente su atención en un ajuste del gasto, "olvidando cualquier medida de mejora de ingresos que pudieran reforzar la sostenibilidad del sistema".

Así, según los cálculos iniciales de impacto realizados por CCOO, si las reformas presentadas por el Gobierno se pusiesen en marcha tal cual se han presentado, supondrán una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14,8% y hasta un 28,3% durante los próximos 15 años.

Según el sindicato, la disminución en términos reales de la protección social del sistema de pensiones no es la vía para afrontar los retos de medio plazo.

Por su parte, el desequilibrio actual, producto de la coyuntura de crisis y agravado por las políticas de ajuste requiere "la asunción de medidas en el corto y medio plazo para reducir el desequilibrio actual entre ingresos y gastos y contribuir, junto con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social a superar la presente etapa de dificultades".

CCOO propone diferentes medidas de incremento de ingresos para ayudar a resolver el actual déficit coyuntural del sistema de Seguridad Social.

De este modo, exigen una medida de aplicación inmediata como es el incremento temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes, mediante un esfuerzo adicional compartido entre las empresas, los trabajadores con empleo y el Estado. Esta medida tendría un impacto de 7.000 millones (0,67% del PIB).

Por otra parte, proponen medidas de aplicación progresiva (19.140 millones, el 1,82% del PIB) como el incremento de base máxima de cotizaciónm, la convergencia de la base media de cotización del RETA con la del Régimen General, la asunción del Estado de los gastos de personal de la administración de Seguridad Social y convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación.

El sindicato también admite que hay que poner en marcha medidas de carácter estructural (43.097 millones, el 4,11% del PIB) como políticas de reactivación económica, la persecución del fraude asociado a la economía sumergida, la asunción paulatina por los Presupuestos Generales del Estado de la financiación del nivel asistencial de las prestaciones de muerte y supervivencia y una reforma fiscal.