Según la organización, estas personas (al menos 3.000) han sido arrestadas por el ejército sin cometer ningún delito, y se les imputan graves acusaciones entre las que figuran el asesinato y atentados contra las fuerzas de seguridad.

También criticó AI que los detenidos han visto vulnerados sus derechos más elementales, como el acceso a un abogado o la posibilidad de comunicarse con sus familiares.

En nota de prensa, calificó de “inaceptable” la actitud de los militares, y exigió la inmediata liberación de aquellos ciudadanos detenidos por el mero ejercicio de su libertad de expresión y reunión.

Finalmente, reclamó que todos los detenidos durante las protestas tengan acceso a una defensa efectiva y a un juicio justo.