El objetivo que persiguen estos encuentros, a los que asisten miembros del Comité Ejecutivo del Cermi, es el de buscar alternativas viables que permitan atisbar una solución tras la decisión del Ejecutivo regional de prescindir de algunos de los profesionales en la atención a estos estudiantes, alegando que la última reforma laboral prohíbe encadenar contratos por obra y servicio por un período superior a los 24 meses.

Según manifestó ya el Comité, es una medida “claramente negativa para los alumnos y alumnas”, y que tendrá “consecuencias nefastas” para un colectivo de estudiantes tan vulnerable como es el del alumnado con necesidades educativas especiales.

Asimismo, el Cermi alega que para tener una educación realmente inclusiva y de calidad, es preciso contar con los profesionales necesarios, en número, cualificación y experiencia para la atención al alumnado con discapacidad, y que la presencia y/o competencia de los mismos no puede verse comprometida, precisamente, por circunstancias económicas o sociales ajenas a las personas con discapacidad.