castro, en concreto, ha dictado hoy un auto en el que rechaza abrir la citada pieza separada al no apreciar ningún “dato revelador” de la supuesta intervención de Ruiz-Gallardón en los contratos entre Madrid 2016 y la trama de Urdangarin y Torres.

El juez rechaza así la petición formulada por Manos Limpias para que se abriera una pieza separada por los negocios con Madrid 2016. En esta petición, el antiguo alcalde de Madrid aparecía como denunciado.

140.000 EUROS EN DONACIONES

Urdangarin y Torres obtuvieron por el contrato con la candidatura olímpica, por el que justificaron varios cobros entre 2007 y 2009, más de 140.000 en concepto de donaciones a través de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

En su declaración del pasado 23 de febrero, el duque de Palma aseguró que para la candidatura de Madrid 2016 se realizaron tanto una operación de marketing como la edición de un libro sobre el potencial del deporte para la integración de las personas desfavorecidas.

El apoderado de Aizóon Mario Sorribas, hombre de confianza de Urdangarin en sus negocios, dijo en cambio en su declaración del pasado 10 de junio que no se realizó en realidad ningún trabajo más allá de alguna gestión puntual como ‘lobby de presión’.

Sorribas afirmó ante el juez Castro que, partir del año 2008, cuando la relación entre Torres y Urdangarin se rompió por los enfados mutuos, no se volvió a realizar ningún tipo de gestión para Madrid 2016, a pesar de seguir cobrando por ello.

RECHAZA LOS SOBRESEIMIENTOS

El juez Castro ha aprovechado el auto dictado hoy para desestimar las peticiones de sobreseimiento formuladas por varios imputados, entre ellos la del secretario de las infantas Carlos García Revenga, quien permanece imputado en la causa.

Todas estas decisiones se producen mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) estudia si se queda con el ‘caso Nóos’. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se retire al juez Castro la instrucción del caso y que se deje la causa en manos del Tsjcv en virtud de los indicios hallados contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.