Así se recoge en el cuarto Informe de Seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata, presentado este viernes al Consejo de Ministros.

Según sus datos, el año pasado se desarticularon 9 redes criminales y 31 grupos dedicados a esta actividad, y las fuerzas de seguridad realizaron 2.201 inspecciones en lugares de prostitución (sobre todo en áreas urbanas) y 239 atestados policiales.

Además, se detectó a 12.305 personas “en situación de riesgo”, y 976 fueron finalmente identificadas como víctimas de delitos de trata con fines de explotación sexual (125) y de explotación sexual (851). De estas víctimas, un total de 377 se hallaban en situación irregular en España.

Como novedad, el Ministerio Fiscal ha informado de las dos primeras condenas por el delito de trata de seres humanos ( ambas en 2012) y de la apertura de 131 diligencias previas.

El año pasado concluyó con menos detenidos, menos víctimas identificadas y menos grupos desarticulados, lo que para el Gobierno implica que “cada vez resulta más difícil a las redes criminales instalarse en España.

El informe también sostiene que se ha avanzado en la asistencia (sanitiaria, jurídica y social) a las víctimas; en la coordinación entre Gobierno central, comunidades, ONG y ayuntamientos, y en la formación de profesionales sanitarios y de la administración, de cara a mejorar la detección precoz y la ayuda que se presta a estas mujeres.