Según anunció la Consejería de Educación, esta dejará de contratar para trabajar en los centros especializados o con niños con dificultades motrices de la Comunidad, a los fisioterapeutas, enfermeras, educadores, integradores sociales etc. que figuraban en la bolsa de empleo en vigor, que hayan prestado servicio durante más de 24 meses en un plazo de 30.

La Institución colegial recordó en un comunicado que el sistema hasta ahora vigente fue establecido por la propia Consejería de Educación y que seleccionaba al personal por “riguroso orden de puntuación obtenido en el proceso de selección".

Según el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, si un trabajador ha estado prestando servicios más de 24 meses para una misma empresa en un plazo máximo de 30 meses, debe adquirir la condición de trabajador fijo.

A partir de ahora, la Consejería seguirá llamando a fisioterapeutas de la Bolsa de Empleo, pero prescindirá de profesionales experimentados, ya que sólo llamará a aquellos cuyos contratos no sumen, con el que le vayan hacer, 24 meses en un periodo de 30.

El Cpfcm apostó por el fomento de la estabilidad laboral y mostró su preocupación ante esta situación, ya que considera que la calidad del servicio prestado a los alumnos con necesidades especiales puede verse mermada.

“Estamos a favor de que se brinde oportunidades a los fisioterapeutas que acaban de empezar a ejercer su actividad, pero los profesionales afectados llevan años trabajando en los mismos centros, están plenamente integrados en las plantillas, y ofrecen a los alumnos una experiencia y una formación, fruto de muchos años de aprendizaje y especialización, que no se debería perder” aseguró Valiente.

El Colegio celebró el pasado martes 3 de septiembre, una reunión con los más de 40 profesionales de la Fisioterapia afectados, para recoger sus inquietudes.

Como fruto de este encuentro, la Institución que representa a los fisioterapeutas madrileños remitió un escrito a la Consejería de Educación solicitando una reunión entre los representantes de la Administración y del colectivo, con el objetivo de valorar los riesgos que tal medida puede suponer para la calidad de la enseñanza del alumnado con necesidades educativas especiales.