Así lo indicaron responsables sindicales en declaraciones a los periodistas tras la reunión con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que explicó a los agentes sociales que el Gobierno propone cambiar el modelo de revalorización de las pensiones para que no se ligue sólo a la inflación, y establece una subida mínima del 0,25% y máxima del IPC más un 0,25%.

El secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, aseguró que “no es fácil” un acuerdo, aunque garantizó que se va a “explorar con seriedad y rigor” la negociación.

Bravo indicó que “no es imprescindible” abordar este proceso en este momento, y agregó que “supone una modificación de los anuncios que se habían producido en los últimos meses”.

Por su parte, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, afirmó que con la propuesta del Gobierno “entendemos que hay una pérdida de poder adquisitivo y que va a haber una bajada de pensiones”.

López pidió al Gobierno que ponga esta propuesta sobre el papel porque “carecemos de documentación”. “No entendemos las prisas de que sea en 2019”, dijo la responsable de Política Social de CCOO, quien lamentó que se aproveche “una situación coyuntural para implantar medidas de carecer estructural”.

CCOO y UGT destacaron la necesidad de que el Gobierno haga esfuerzos por pactar esta reforma con los agentes sociales, y esperan que “no sea impuesta y que vaya al Pacto de Toledo”.

Además, criticaron que se vaya más allá de lo que recoge la Ley 27/2011, la reforma del sistema aprobado con consenso durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y señalaron que el actual sistema de revalorización garantiza la estabilidad del sistema que establece el Pacto de Toledo.